Garantizar a la población sus derechos humanos implica destinar recursos financieros, humanos y materiales a acciones que contribuyan a hacerlos realidad. En México todos los entes públicos, todos aquellos que reciben recursos públicos, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Para cumplir esta obligación es esencial que los entes públicos del Estado cuenten con un modelo de gestión de los recursos públicos vinculado a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, las constituciones federal y estatal, así como leyes y reglamentos municipales.
Este modelo de gestión debería contar con cuatro cualidades. 1. Distinguir cuáles derechos humanos y bajo qué métricas le compete al Estado promover, respetar, proteger y garantizar; 2. Costear, recaudar y distribuir los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para implementar programas coherentes en favor de éstos; 3. Evidenciar el impacto de los programas en la realización de éstos mediante el monitoreo y la evaluación; y 4. Generar acciones pro derechos humanos en alianza con grupos sociales y entes públicos de diversos órdenes y niveles.
A medida que crece la población en las entidades y en el país crece la exigencia hacia los entes públicos de hacer realidad el conjunto de derechos humanos. Una fórmula simple para asegurar un entorno con los mejores estándares de vida es que las personas conozcan a qué tienen derecho y hagan uso óptimo del poder público para hacerlos realidad.
