En México, y en cualquier país democrático, con la llegada al poder público de nuevas agendas de gobierno llegan alternativas de resolver problemas con ideologías o enfoques distintos que merecen testearse. Luego de ser implementadas estas alternativas es necesario un ejercicio de rendición de cuentas y aprendizaje colectivo para demostrar si fueron más costo-efectivas que las alternativas reemplazadas.
Nuestros gobiernos federal, estatales y municipales destinan prácticamente el 100% de su presupuesto en programas que pretenden prevenir, mitigar o solucionar problemas públicos. Miles de millones de pesos se gastan diariamente en acciones que se espera tengan un impacto positivo para las personas. Pero, ¿son estos programas las mejores alternativas en cuanto a teoría de cambio, recursos, contexto o procesos?
Una etapa generalmente poco aplicada por los gobiernos en la construcción de proyectos de gobierno o incluso agendas legislativas es el análisis de alternativas. Se tiene un diagnóstico del problema, sus causas y efectos, población o área afectada y alternativas de solución. Elegir las mejores alternativas es un proceso que demanda información comparable de costos y beneficios, como también tiempo para debatir y decidir cuál es la más conveniente.
Prescindir de un análisis de alternativas en el diseño de programas nuevos o eliminación de programas con resultados positivos comprobados puede representar no solo costos sociales para la población beneficiaria, sino también costos políticos. Un bajo desempeño de una agenda de gobierno en temas sensibles como salud, seguridad, economía o anticorrupción es ingrediente para que la población opte por una alternancia en el poder en las próximas elecciones.
Ejemplos recientes de alternancias motivadas por bajo desempeño en agendas de gobierno son la presidencia de Estados Unidos en 2020, explicada en parte por una respuesta caótica a la crisis de salud por el COVID-19; la presidencia de México en 2018, por la ineficacia en atender el problema de inseguridad y corrupción; o la presidencia de Argentina en 2019 por una política económica en deterioro.
Las alternancias en el poder son benéficas en tanto puedan evaluarse con hechos y datos los programas en lo individual, e incluso las políticas sectoriales en conjunto. Es menester aplicar al menos dos evaluaciones. Una primera evaluación de factibilidad sobre la teoría de cambio y el contexto donde se quiere implementar x intervención; y una segunda evaluación de impacto o desempeño y procesos a x intervención en fase piloto o en maduración.
En un escenario deseable donde los equipos de gobierno conocen los incentivos de la evaluación y hay un mercado competitivo de evaluadores , estas evaluaciones se aplicarán sin problema. No obstante, no siempre se da este escenario y es pertinente evaluangelizar -como diría una especialista en México- desde el sector evaluador, la sociedad civil y las universidades.
Para concluir, es necesario poner a prueba en la teoría y en la práctica los programas o políticas que hagan los equipos de gobierno que llegan al poder con nuevas agendas. La evaluación puede servir a para explicar con hechos y datos si una alternativa de solución a los problemas valió todo un proceso de alternancia en el poder.
