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  • Foto del escritorAlberto Vélez Valdés

Arte y ciencia de generar valor público


Un dilema en común al que se enfrentan los gobiernos municipales mexicanos que mi equipo y yo hemos asesorado durante los últimos 5 años es a enfocarse en dar resultados al público mientras cumplen con obligaciones de gestión, legales o políticas, en un tiempo de administración limitado.


Estos resultados se conocen como valor público(1) y son aquellos que las personas esperan de sus gobiernos, pues son derechos humanos reconocidos (acceso a agua potable, movilidad segura y accesible), obligaciones de servicios públicos (seguridad, limpieza, alumbrado) o facultades legales (control interno, transparencia, desarrollo urbano) para intervenir en un problema o regular un tema de interés público.


En la experiencia de mi equipo y mía asesorando a personal operativo de gobiernos municipales en México hemos notado un dato interesante: una mejor gestión de recursos públicos puede no estar correlacionada de forma positiva y fuerte con una percepción satisfactoria de una muestra de la población con los servicios públicos.


La siguiente gráfica muestra que aun cuando los gobiernos municipales de México tengan una gestión óptima de recursos públicos basada en la planeación, orientada a resultados, evaluable con metas e indicadores y hasta con buenas reconocidas, se correlaciona de forma positiva pero débil con la satisfacción generalizada con los principales servicios públicos(2) de los municipios por una muestra de la población de la entidad.

Este hallazgo es lógico, ya que una administración óptima de los recursos crea solo las bases para generar un cambio positivo en la percepción de satisfacción de la población, siendo suficiente en el ámbito de resultados hacia el interior del gobierno, mas no hacia afuera.


A nivel de resultados externos para la población usuaria de servicios públicos, en mi experiencia, además de una gestión óptima es conveniente definir y distinguir el tipo de intervención del gobierno en un problema (planes y programas, por ejemplo) y los distintos cambios que éste espera lograr en su contexto. Esto genera certeza entre el personal pues, en algunos casos, éste tiende a usar de forma indistinta el nombre de programa para todo tipo de acción de gobierno, sea apoyo social, obra pública, trámite o incluso función de un área, resuelva o no un problema público específico


Teniendo esa definición de programas y proyectos, una sugerencia clave es diseñar el programa con una metodología reconocida (marco lógico o teoría del cambio), con base en evidencia científica, no con base en las atribuciones legales de las áreas que ejercen presupuesto. Esto implica tener al menos un modelo conceptual y explicativo que diagnostique el problema, una teoría de cambio en la que participe la población y un cronograma de trabajo con costos y metas de desempeño.


Con esta base científica de los programas se reduce la incertidumbre que implica generar resultados, ya que éstos no ocurren de forma lineal por la acción del gobierno. De lo contrario, se mantiene la inercia en algunos gobiernos de desarrollar programas con base en sus atribuciones legales o en el techo presupuestal y no en problemas estructurales que la población padece y son de su competencia.


En suma, contar con un evidencia basada en métodos científicos y también en la experiencia de la población es importante para generar valor público, además de una gestión óptima de los recursos públicos limitados. Este conocimiento no debe verse como una mayor carga operativa sino como un recurso público más cuyo fin es reducir la incertidumbre que implica dar resultados.

(1) El valor público se propuso por Mark Moore en 1995. Aún puede considerarse vigente en la práctica. (2) Los servicios valorados por la encuesta fueron: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines públicos, recolección de basura, policía, calles y avenidas, y carreteras y caminos sin cuota. Datos disponibles aquí.

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