Como el sistema inmunológico humano debe reaccionar al COVID-19 que afecta al cuerpo y hacerlo más fuerte, así deben reaccionar los gobiernos a los problemas públicos que emergen en una sociedad cambiante.
La capacidad de los gobiernos de intervenir de forma preventiva, reactiva o incluso adaptativa en problemas que afectan negativamente el bienestar de la sociedad depende, al igual que los nutrientes al sistema inmunológico humano, de recursos organizacionales suficientes y de buena calidad[1].
En un contexto de recesión económica que podría alcanzar una caída de hasta 8.1% del PIB[2] en 2020, la recaudación de ingresos públicos federales, estatales y municipales también caería en esas proporción.
Los recursos económicos que recaudan los gobiernos en un entorno de menor producción y consumo tienen simbólicamente un mayor valor por ser limitados. Esto debe llevar a los responsables de las finanzas públicas a focalizar recursos humanos, financieros y materiales en programas que se compruebe tengan mayor eficacia en reducir los efectos negativos en la población de la pandemia y de los demás problemas públicos.
Además de la fuente de recursos propios un gobierno puede hacerse de mayores recursos económicos y organizacionales de mejor calidad con apoyo del sector privado y social. Ejemplos de fuentes de financiamiento externas son las asociaciones público-privadas, servicios de pago por resultados, bonos de impacto, obras por impuestos, entre otros que incentiven la inversión productiva y no comprometan el presupuesto a largo plazo.
Hacerse de fuentes externas de recursos permite un espacio fiscal mayor y reduce la necesidad de hacer reasignaciones constantes y recortes drásticos del presupuesto, sobre todo en gobiernos con ideología de Estado benefactor, con una creciente intervención en las problemáticas sociales y en la economía como México.
El dilema de los modelos de Estado de bienestar y una socialdemocracia a los que ha aspirado México en algunas etapas de su historia es que dotar de más atribuciones a los gobiernos no siempre va de la mano con dotarlos de una mayor capacidad recaudatoria de recursos para cumplirlas. La última década el Congreso de la Unión y los congresos estatales han publicado más leyes generales o añadido más artículos que establecen más atribuciones a los tres órdenes de gobiernos, a la par que la deuda pública se incrementó desmedidamente en algunos gobiernos locales.
La reciente adición al artículo 4 de la Constitución general de que el Estado entregue apoyos económicos, pensiones y becas a personas mayores o en pobreza es una buena intención por garantizar el derecho a la educación y la salud. No obstante, así también deben el gobierno federal y los gobiernos estatales prever los recursos para que esos apoyos sean sostenibles y no requieran financiarse con recursos de otros programas con igual o mayores resultados para esa población objetivo.
A medida que incrementan los compromisos de gasto en mayor proporción a los ingresos no solo se incurre en déficit fiscal y deuda pública insostenible, sino que se ocasiona una competencia entre programas por recursos económicos limitados. Si los programas con evidencia escasa o negativa de valor por dinero (value for money[3]) concentraran los mayores recursos, el gobierno en cuestión podría debilitarse en legitimidad al reaccionar de forma poco eficaz a las problemáticas prioritarias de la población.
Actualmente, si bien hay esfuerzos destacables de las instancias de monitoreo y evaluación de los tres niveles por valorar el desempeño de los programas, aún hay pocos esfuerzos por medir el valor por dinero o una medida equivalente. Esto dificulta saber el costo de oportunidad de los recursos económicos limitados, en un contexto de recesión económica.
En conclusión, si los gobiernos en general, entendidos como el sistema inmunológico social, aspiran a desarrollar intervenciones que impliquen una mayor inmunidad adaptativa a los problemas sociales, deberían primero fortalecer sus defensas con mayores recursos económicos y organizacionales de mejor calidad. Luego es necesario organizar evidencia científica suficiente para decidir qué intervenciones focalizar en grupos de población con mayores necesidades, que conforman parte del cuerpo social.
[1] “Covid-19: cómo funciona nuestro sistema inmunológico y cómo combate al coronavirus”: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52005096
[2] “Especialistas anticipan desplome del PIB de 8.16% en 2020: Encuesta Banxico”: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Especialistas-anticipan-desplome-del-PIB-de-8.16-en-2020-Encuesta-Banxico-20200601-0038.html
[3] “Value for money and international development:
Deconstructing myths to promote a more constructive discussion”: https://www.oecd.org/development/effectiveness/49652541.pdf