Dos herramientas valiosas para conocer los resultados en la población de los programas que implementan nuestros entes públicos (todo poder y orden de gobierno que recibe recursos públicos) son el monitoreo y la evaluación. El primero mide los resultados inmediatos y periódicos a través de indicadores con metas; la segunda mide integralmente la factibilidad, el diseño, los procesos, el desempeño, el costo-beneficio, la consistencia o el impacto del programa en su población beneficiaria.
A nivel estatal y municipal en Coahuila, como a nivel federal en México, existe el marco normativo que obliga a los entes públicos a monitorear, evaluar sus programas y hacer un uso útil de los hallazgos. Por ejemplo, están los artículos 134 de la Constitución federal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 279 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y los Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales.
No obstante, si se indaga en los sitios de transparencia de algunos entes públicos estatales y municipales de Coahuila, se encontrará que pocos aprovechan los hallazgos de estas herramientas de monitoreo y evaluación, y que la información es limitada o poco accesible.
Cabe preguntarse si ustedes, amables lectores, ¿alguna vez han consultado en https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ la información de algún ente público de las fracciones IV, V, VI, XXI, XXXVIII y XL del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Es información muy valiosa relativa a metas y objetivos de los programas, indicadores de interés público, objetivos y resultados, informes del ejercicio presupuestal; población y objetivos de programas así como evaluaciones y encuestas.
Este desaprovechamiento del monitoreo y la evaluación se explica primero por la carencia de incentivos por resultados, pues los presupuestos de egresos federal, estatal y municipales no se asignan a los entes públicos que han demostrado ser más eficaces y eficientes en las metas y objetivo de sus programas. También se explica por la carencia de un ecosistema que propicie la cultura del monitoreo y la evaluación, liderado por servidores públicos facultados y capacitados.
Ejemplos de programas que deben monitorearse y evaluarse son aquellos que entregan algún tipo de apoyos económicos o en especie a una población, como también servicios de regulación, administración, prevención o construcción. Es decir, prácticamente toda acción pública que pretenda resolver una problemática social y justifique la intervención gubernamental. ¿Qué pasaría si la población conociera mediante métricas confiables los resultados potenciales y alcanzados de los programas que paga de sus impuestos?
Las herramientas de monitoreo y evaluación conllevan beneficios administrativos, sociales e incluso políticos. De entrada, la evidencia generada por estas herramientas puede aprovecharse de forma instrumental por quienes operan los programas para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad; pero también de forma simbólica para fomentar el debate informado entre grupos sociales y entes públicos acerca de las problemáticas actuales y futuras, frente al impacto potencial de los programas para resolverlas. Asimismo, cuando un ente público demuestra haber generado resultados con sus programas, este se gana la legitimidad y la gobernabilidad que requiere el Estado para hacer valer la ley.
Escrito lo anterior, los grupos sociales y los entes públicos actuales tienen la oportunidad de crear espacios de diálogo sobre los resultados, mecanismos de incentivos al desempeño y una mayor cultura del monitoreo y la evaluación. Los usos y beneficios del monitoreo y la evaluación son y serán fundamentales para consolidar nuestra democracia con un resultado en común: que existan estándares de vida óptimos para todas y todos.
Columna originalmente publicada en Vanguardia: https://vanguardia.com.mx/articulo/programas-vemos-resultados-que-sabemos
Comments