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  • Alberto Vélez Valdés

Medir el impacto de nuestras acciones en los problemas públicos.

Actualizado: 5 de sep de 2019

Un problema público es la brecha entre los derechos de la sociedad y las obligaciones del Estado de hacer que aquellos se cumplan. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente digno frente a la contaminación del aire y el agua, el derecho a la seguridad frente a la alta incidencia delictiva, o el derecho a la información pública frente a la limitada rendición de cuentas.



No hay problema público donde no intervengan gobiernos, grupos sociales y privados en su solución. Para resolver problemas públicos en su mayoría los gobiernos ofrecen a la población acciones, programas, servicios, bienes, trámites, regulaciones, incentivos o subsidios, pero con un impacto para resolverlos poco conocido. Esto se explica en parte porque los gobiernos tienden a carecer del personal especializado y de los instrumentos de medición, lo cual invita a grupos sociales y privados a coadyuvar con sus capacidades técnicas y conocimiento de las diversas áreas del desarrollo.


Pero ¿qué se entiende por impacto en un problema? Es la diferencia entre la situación donde se intervino en el problema menos la situación donde no se intervino. Por ejemplo, las áreas de la capital del Estado donde se ofreciera y donde no un transporte público sustentable de calidad para afrontar el problema de la movilidad lenta y contaminante. Si se midiera este impacto se conocerían los efectos en la calidad de vida de la población entre una y otra área, si el resultado fuera positivo entonces la intervención tendría éxito, si fuera negativo no.


En Coahuila y sus municipios, algunos gobiernos monitorean indicadores para medir el avance de los planes de desarrollo y aplican evaluaciones de diseño o resultados a los programas. No obstante, hoy en día estos gobiernos carecen de mediciones suficientes de los impactos que generan sus acciones y las de grupos sociales y privados en los problemas públicos actuales y futuros.


Es necesario que los gobiernos trabajen mediante convenios de prestación de servicios con grupos sociales y privados en aplicar indicadores y evaluaciones de impacto cuyos hallazgos sirvan para tomar decisiones mejor informadas. De esta forma se puede garantizar la precisión y la objetividad de los hallazgos y las recomendaciones de mejora.


No medir el impacto ni hacer buen uso de este ahora podría ocasionar mañana efectos desconocidos o negativos en nuestras condiciones de vida como sociedad. De ahí la importancia de actuar ahora.

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